Los ocho millones de personas que trabajan formalmente en el sector privado y pagan impuestos sostienen a 20 millones que reciben aporte estatal.

Entre los temas que el Gobierno analiza con miras a aliviar la pesada situación fiscal se encuentra el aumento de la edad jubilatoria. Ha trascendido que se estudian alternativas como, por ejemplo, fijar un mínimo requerido de años de aportes y poder voluntariamente continuar trabajando más allá de la edad límite. Estas modificaciones tendrían efectos fiscales cuantitativos sólo a mediano y largo plazo, aunque su concreción aportaría mayor confianza en lo inmediato. Esto es necesario frente a un horizonte fiscal preocupante y un peligroso ritmo de endeudamiento estatal. Además, bien explicadas, estas reformas deberían entenderse y aceptarse por tener un sólido fundamento demográfico y social.

Los sistemas previsionales de reparto han sufrido en el mundo el fenómeno de un aumento más rápido de la cantidad de jubilados que de aportantes. La prolongación de la esperanza media de vida y la disminución de los nacimientos explican esta situación. La medicina ha logrado y seguirá logrando vencer enfermedades que antes eran mortales y, por otro lado, los cambios culturales han llevado a un mayor control de la natalidad y a una reducción del número de hijos. Esto asegura que continuará disminuyendo la población ubicada entre los límites etarios que definen la etapa laboral activa. La esperanza de vida en la Argentina, que era de 68 años para mujeres y de 62 para hombres en 1960, aumentó a 80 y 72 años, respectivamente, en 2015. Esta tendencia continúa y la prolongación de la vida será determinante del aumento de la proporción de jubilados y pensionados en el total de la población.


La evidencia de este fenómeno surgió en nuestro país mucho tiempo atrás. Esto motivó que a mediados de los noventa se decidiera un cambio fundamental en el sistema previsional. Se pasó del anterior régimen de reparto a otro de capitalización de aportes individuales en cuentas personales sujetas a reglas de manejo por las AFJP. El sistema funcionó durante 12 años atravesando el período crítico durante el cual el desvío de los aportes a las cuentas personales redujo los ingresos del Estado. Éste tuvo que continuar pagando mensualmente a los jubilados y pensionados ya existentes, debiendo desviar a ese fin la recaudación de otros impuestos. La Anses recibió el 15% de la masa de impuestos nacionales coparticipables a las provincias. La situación fiscal se tensó, aunque con el correr de los años, al no producir el régimen de reparto nuevos jubilados, el tiempo resolvería el desequilibrio. Sin embargo, cuando ya se estaba cerca de restablecer el equilibrio, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner liquidó el sistema, confiscó los fondos acumulados y derivó los aportes al restablecido sistema de reparto.

La medida produjo un transitorio alivio fiscal, siendo tal vez ése el principal motivo de haberla aplicado, aunque satisfizo también una concepción ideológica estatista. Los argumentos referidos a las comisiones excesivas de las AFJP sólo tenían una parte de verdad, pero en todo caso reclamaban correcciones y no la destrucción del sistema. Se afectaron seriamente el derecho de propiedad, la confianza en el país, y se creó un enorme pasivo fiscal de largo plazo. Para peor, los fondos confiscados que constituyeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad han sido aplicados a financiar el déficit fiscal, u obras públicas de escasa o nula rentabilidad, o el Plan Procrear en condiciones por debajo del mercado, entre otras cosas.


El monto destinado al pago de jubilaciones tuvo otro motivo de crecimiento. Se instrumentó una amplia moratoria que permitió que cerca de tres millones de personas pudieran retirarse sin haber hecho aportes. Para mayor dificultad, tres provincias obtuvieron un fallo favorable de la Corte Suprema para que se les restituya el 15% detraído de los impuestos coparticipables. El resto de los distritos acordó una devolución en tres años. En alivio del sistema se decidió que los ingresos del fisco por el blanqueo de 2016 se destinaran al pago de las sentencias y acuerdos en los juicios de jubilados contra el Estado.

El restablecimiento de un sistema de capitalización, que podría ser una decisión sensata, enfrentaría un rechazo muy amplio del espectro político, incluyendo a los aliados de Pro. Ha habido en estos últimos años una intensa prédica de condena a ese sistema, que alcanzó hasta los manuales escolares. Lo que puede y debe hacerse es un aumento gradual de la edad jubilatoria, tendiendo a igualar las de hombres y mujeres. Esto no inhibiría sino que complementaría la opción de continuar trabajando luego de la edad legal de retiro. La cultura del trabajo se ha deteriorado en la Argentina, al mismo tiempo que ha aumentado la proporción de habitantes que reciben mensualmente un pago del Estado. Entre jubilados, pensionados, empleados públicos y beneficiarios de planes sociales y asignaciones familiares, son 20 millones de personas en esa condición. Pero son sólo ocho millones las personas que trabajan formalmente en el sector privado y pagan impuestos. Es una ecuación insostenible que debe ser gradualmente corregida. Hay, por lo tanto, otra razón contundente para aumentar la edad jubilatoria.